En la clase política argentina hay muy pocos consensos entre los partidos políticos. Uno de ellos es el extractivismo. Es decir, la idea compartida que Argentina debe integrarse al mercado mundial explotando de forma intensiva sus recursos naturales, mediante la intermediación de las grandes empresas transnacionales que dominan las cadenas globales de valorización y comercialización.
El consenso extractivista genera dos tensiones en un país subdesarrollado como Argentina. Por un lado, nos mantiene en una dependencia estructural con respecto a los países desarrollados del «Norte global», ya que refuerza el rol de las economías de América Latina como productores de bienes primarios y consumidores de bienes industriales. Cabe descatar, que ningún país del planeta en la historia económica mundial ha logrado alcanzar un proceso de desarrollo a gran escala mediante el uso intensivo de sus bienes primarios.
Por otro lado, el extractivismo también supone un cambio radical en como entendemos nuestra soberanía. Los territorios en los que el capital extractivista lográ instalarse, son transformados. Lo más cercano a una invasión extranjera que podemos ver en Argentina, son los «campamentos» que se instalan de un día para el otro frente a las montañas y ríos que van a ser sacrificados en nombre de la sacrosanta balanza de pagos.
Oponerse al extractivismo es dificil, el consenso ideológico de los grandes partidos políticos funciona, de momento, como un cerrojo a la construcción de una alternativa. Pero en los territorios afectados directamente por la actividad del capital multinacional ligado a la actividad extractiva, la situación es diferente.
La ciudad de Esquel, en Chubut, fue en 2003 la sede de un hecho democrático sin precesdentes en el país: mediante un referendum -forzado gracias a un año de movilizaciones multitudinarias- la gente fue consultada sobre si aceptaba o no la iniciativa «Cordón Esquel», un proyecto megaminero a 6 kilómetros de la ciudad. El resultado fue arrollador. El 81% de la gente rechazó a la megaminería, inciando un movimiento que derivó en la sanción de la Ley 5001 (Ley XVII N° 68), que prohibió la actividad minera a gran escala.
El referendum no significó el fin de las pretensiones de los capitales extractivistas sobre Esquel, sino una reorganización de su estrategia: aguardar a un momento político favorable para una nueva ofensiva.
Ese momento parece haber llegado. Mariano Arcioni -probablemente el peor gobernador de la historia de la provincia- conjuga su propia bancarrota política con la sumisión a las empresas mineras. Con el envío del proyecto 128/20, el gobernador pretende borrar la historia reciente de resistencias y permitir la megaminería.
Hablamos con Julián Raso, miembro de la Asamblea de Vecinxs de Esquel. La organización de base que logró derrotar al capital minero y a sus representates políticos en 2003, que vuelve a salir a las calles para decir, otra vez, «No es No».
BS | Sabemos que sos parte de la asamblea de vecines de Esquel, autoconvocades en contra de la megaminería. ¿Cómo te involucraste en el movimiento asambleario?
JR | Soy de Esquel. Todavía tengo los recuerdos de la época del 2002. Tenía 10 años no más, pero muchos de esos acontecimientos quedaron muy grabados. Todo lo que paso ese año: enterarnos que venía una minera, a seis kilómetros no más de la ciudad y todo lo que eso implicaba.
Al principio, la gente en Esquel no sabía qué implicaba que se instalara una minera de ese estilo en el cordón montañoso que nos rodea, en el mismo lugar de donde sale el agua que abastece al pueblo en gran medida. Por suerte, hubo gente que se dedicó a investigar y ver qué pasaba en otros lugares del mundo donde se habían instalado estas empresas. Eso llevó a que se convocaran asambleas, primero pequeñas, pero que luego se organizaron para convocar a más vecinos y vecinas. Esas asambleas se hicieron cada vez más grandes.
Este mes se cumplen 18 años de las asambleas masivas de noviembre de 2002 que terminaron yendo al Concejo Deliberante para exigirles a los concejales que se posicionaran sobre lo que estaba pasando. Y consiguieron el primer triunfo: suspender la audiencia prevista para el 4 de diciembre. Ese día, lejos de suspenderse la marcha que estaba convocada, salió todo el pueblo a la calle. Fue la primera movilización masiva y, desde entonces hasta hoy, cada 4 de cada mes Esquel marcha sosteniendo todo eso. Así llegó al triunfo histórico de marzo de 2003, que el 81% de la población le dijera “no” al emprendimiento minero. Unos meses después, se logró la ley que todavía sigue vigente y nos protege de la minería.
Los que éramos chicos en ese momento seguimos creciendo alrededor de esa lucha. Yo me fui a La Plata a estudiar periodismo, terminé el profesorado y tengo ahí pendiente una tesis para la licenciatura. Hace más o menos cuatro años que estoy de vuelta acá, en Esquel. Me dedico a la docencia, me especialicé en periodismo sobre minería y aporto en la Asamblea con la comunicación y la difusión, los programas de radio, el sitio web www.noalamina.org y las acciones que se desarrollan todo el tiempo porque, si bien logramos esa ley y frenar esa minera, las mineras nunca se fueron del todo. Al contrario, siguieron explorando el territorio y aparecieron mineras más grandes, más fuertes que las que estaban. Llegaron las que se dedican a comprar proyectos de bajo precio, en este caso por la oposición social, y que se embarcan en el trabajo lento de revertir ese rechazo social.
A lo largo de estos 18 años hubo varios momentos de tranquilidad. Sin embargo, Esquel siguió marchando. Nos gusta usar el ejemplo de la llama piloto de un calefón: se mantiene chiquita, pero apenas pasa algo enciende de vuelta. Y cada vez que hubo una nueva avanzada minera esas marchas volvieron a ser masivas. Es un poco lo que está pasando ahora.
BS | El 20 de noviembre, presentaron en la Legislatura la iniciativa popular que, con el aval de 30.916 firmas, impulsa un proyecto de ley para prohibir la explotación de la minería metalífera y radioactiva a gran escala. ¿Cómo fue la tarea de construcción de esta iniciativa?
JR | La iniciativa popular es una herramienta que permite la constitución provincial y con la cual la sociedad puede presentar proyectos de ley si están avalados por las firmas verificadas del 3% del padrón. En 2014, se propuso usar esa herramienta que estaba en la constitución, pero que nunca se había usado en la provincia. Se juntaron 13.300 firmas y se presentó un proyecto. Según la constitución, las iniciativas populares tienen 6 meses para ser tratadas obligatoriamente por la Legislatura.
En ese momento, los legisladores cometieron una traición completa: dejaron solamente el primer artículo de la ley, cambiaron el resto e hicieron de esa iniciativa popular una ley que habilitaba la minería. Esa sesión es recordada porque una compañera de Rawson, periodista, puso capturar con un lente con zoom el celular de uno de los legisladores que estaba chateando con el gerente de relaciones de Yamana Gold (la misma empresa que quiere hacer el proyecto en Esquel ahora). El gerente le pedía modificar un artículo y el legislador lo tranquilizaba explicándole que eso luego lo reglamentaba el ejecutivo. Quedó demostrado algo que ya sabíamos, que tenemos diputados dirigidos por las empresas, que en la cámara de espaldas al pueblo buscan cómo favorecerlas modificando las leyes. El episodio fue un bochorno a nivel nacional, por lo que la ley finalmente no se reglamentó. Cuando asumió en 2015 Das Neves, directamente la derogó. Eso generó mucha frustración y mucha bronca.
Las asambleas ya no son solo en Esquel, sino que se han conformado en toda la provincia y están nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH). Este año, frente a lo que veían venir como una nueva avanzada minera, decidieron presentar una segunda iniciativa popular, aun sabiendo lo que había sido la primera y concientes de la posibilidad de ser traicionados nuevamente.
Se juntaron en cuatro meses, en plena pandemia, más de 30 mil firmas. En realidad, fueron 45 mil, pero para asegurarnos que no fueran rechazadas se presentaron 30.916. Hace un mes, pasaron por el Tribunal Electoral, encargado de verificarlas. El viernes pasado derivó la iniciativa popular a la Legislatura, pero el proyecto no ingresó. En Chubut atravesamos una crisis histórica: a los estatales se les debe entre dos y tres salarios completos, nunca se pagó el aguinaldo, hace una semana (en medio de noviembre) se cobró agosto y el abandono incluye también el sistema de salud (no cobran ni siquiera médicos y enfermeros). Esto hace que el Estado funcione de a ratos. El día que se llevaron las firmas a la Legislatura, los trabajadores estaban en reducción de servicios, por lo que no pudieron recibirlas. Se hizo un acta donde quedó asentado que se había presentado la iniciativa popular en tiempo y forma, si bien no se entregaron las firmas.
BS | El mismo día, habría ingresado a la Legislatura el proyecto de zonificación minera anunciado por el gobernador Mariano Arcioni en la mesa virtual nacional que presentó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero.
JR | Ese mismo día entraba la legislatura un proyecto del poder ejecutivo, completamente a contramano de esta iniciativa popular de la que hablábamos. Un proyecto escrito a oscuras, a escondidas de la sociedad, del que nos enteramos apenas hace un mes de boca del secretario de Minería de la Nación Alberto Hensel durante una comisión de Minería en el Congreso. Un diputado le preguntó qué estaba pasando en Chubut y él respondió sin ningún problema que estaba trabajando con Arcioni para presentar un proyecto para habilitar la minería.
Si bien veníamos viendo avances, el gobernador no había dicho nada hasta ese momento. Esto tiene que ver con que en su campaña electoral hizo campaña contra la minería, por lo que estamos viviendo una estafa, además de todo, electoral. Pese a ello, el viernes 20 presentó su proyecto. Tampoco ingresó ese día por cuestiones burocráticas, pero también porque el vicegobernador (que es el presidente de la Legislatura) no quiso asumir el costo de que ingresara y la iniciativa popular no. Finalmente, el martes ingresaron los dos proyectos por la mañana.
BS | ¿Qué dice el proyecto? ¿Cuál es el proyecto minero que está intentando instalarse en la provincia?
JR | Estamos leyéndolo ahora. No lo conocíamos y nos estamos encontrando con un proyecto lleno de palabras tan bonitas como falsas, como minería sustentable, minería sostenible, minería con cuidado del ambiente. El gobernador dijo que hay lugares que no se tocarán, como el Río Chubut, pero cuando leemos el proyecto vemos que existe la posibilidad de que en el futuro se modifique esa ley y sí se haga. En los medios se repite mucho que apunta solamente al Proyecto Navidad, que es el proyecto minero de la meseta central norte que compró la empresa canadiense Pan American Silver en 2009 y que es la que más fuerza y lobby está haciendo para voltear la ley de 2009 que es la que tenemos hoy y todavía nos protege.
El proyecto busca zonificar, establecer dónde se puede hacer minería y dónde no. El gobierno sabe que tiene el rechazo generalizado de la sociedad en toda la provincia, excepto en la zona de Gastre, el pueblo más cercano al proyecto, donde la empresa lleva diez años instalada. El Estado allí está ausente y deja actuar a la empresa que se ha encargado de llevar, por ejemplo, internet. Son pueblos que no tienen siquiera tendido eléctrico, sino que la energía se genera a partir de motores diésel y es la empresa la que pone el combustible. En un pueblo de 1.200 personas, tiene 12 empleados trabajando. También tiene mucho miedo de la gente que se quiere oponer allí por todo lo que está pasando.
Entonces, lo que busca el proyecto es que se avance en esa región, suponiendo que en el resto de la provincia nos vamos a quedar tranquilos, como si se pudiera contener la contaminación en un solo lugar. De eso es de lo que trata este proyecto que todavía estamos descifrando. Hoy, por ejemplo, me comentaban que involucra la educación para imponer en el currículo escolar temas relacionados con la minería.
Es un proyecto con muy largo, que abarca muchas aristas y cosas que entendemos como operaciones mediáticas porque no se aplicaron en ningún lugar del país. Por ejemplo, las provincias tienen un tope del 3% de regalías y el proyecto le agrega un 2% más en compensación por posibles futuros desastres ambientales. Eso no existe. Sabemos que, si la minera quiere, luego puede apelar eso y el Código de Minería la protege. Así, hay un montón de cuestiones hechas para tener declaraciones mediáticas que permitan darle impulso. El proyecto busca abrirle la puerta a una minera para que entren detrás las otras.
LF | Chubut lleva mucho tiempo en crisis múltiples (económica, política y social). Si vemos el proceso completo, podríamos pensar que tiene lugar la maniobra de lo que Naomi Klein llamó la ‘doctrina del shock’: utilizar un escenario de crisis para introducir medidas que no serían soportables por la gente en condiciones normales. ¿Creés que estamos en un escenario de ese tipo?
JR | Sí, lo veo así y hay varias cuestiones que nos confirman que es así. Por un lado, está clarísimo el abandono estatal, sobre todo, de la meseta. Por otro, está clarísima la utilización del ahogo de la provincia para avanzar con la minería. Y la cuestión se complejiza porque es parte del discurso oficial decir que la minería nos va a salvar de esta crisis. Ahí también hay que agregar algunos reparos porque no es que Chubut sea una provincia sin salida.
Chubut es una provincia que está entre las principales exportadoras del país. Exporta el doble que San Juan, que tiene varias mineras; exporta energía; exporta petróleo. Tiene pesca, turismo y producción de Aluminio en Puerto Madryn. La crisis no es un problema de exportación, tal como lo quieren hacer pasar. Al revés: a esta situación llegamos de la mano del extractivismo. Por eso, no se puede plantear que vamos a salir de ella profundizándolo.
Está bien plantear que se busca con esta crisis imponer la minería, pero hay que tener también el reparo de aclarar que de ninguna manera la megaminería va a ser una salida. La provincia ha tomado deuda en dólares atada a la regalía del petróleo. Cuando entran las regalías del petróleo, primero, por ley, se paga la deuda y lo que queda va para la provincia. Eso es una imposición que logra el mecanismo del endeudamiento y que también funciona a nivel nacional. Se toma deuda porque supuestamente hay que pagar la deuda anterior, se habilita el extractivismo para pagar la deuda de la deuda y terminamos saqueados, contaminados, con problemas más grandes, más endeudados y forzados a aceptar nuevos proyectos extractivistas.
Es un círculo que está generado para ese fin. No tenemos una deuda porque no producimos. Al contrario, la deuda es el mecanismo que se utiliza para imponer este sistema que es el que no queremos en la provincia. Si miramos los fondos buitre acreedores de bonos de deuda nacional, encontramos a las principales empresas extractivistas. O sea que es de doble interés para esas empresas como Black Rock endeudarnos para que después tengamos que entregarles nuestros recursos para después pagar esa deuda.
LF | Vemos una política de criminalización y persecución de asambleístas y vecinxs movilizadxs, que va desde el desprestigio hasta las amenazas y detenciones. Nos sorprendió también el nuevo protocolo de uso de armas de fuego que flexibiliza en qué condiciones la Policía de Chubut puede disparar a matar. ¿Cuál es la situación?
JR | Vemos las demostraciones de fuerza y poder del ministro de Seguridad Federico Massoni que se dedica al circo mediático con el tema de seguridad. Ha venido a Esquel a hacer control de los barrios en lo que él llama «puntos calientes». El ministro tiene alrededor de 30 denuncias desde marzo hasta acá porque la cuarentena parece haberle dado un superpoder para hacer lo que quiere.
No son los primeros casos de abuso de poder: ya lo conocíamos de los paros y las movilizaciones de trabajadores estatales de los años anteriores. Hace un año, los docentes que bloquearon el acceso a uno de los yacimientos petroleros en Comodoro Rivadavia fueron reprimidos y desalojados por una patota parapolicial, mientras el ministro miraba todo desde su camioneta.
Entonces, ya sabemos de qué se trata. La mano dura, el sostén de Arcioni es este ministro que se ha dedicado a ejercer la fuerza para imponer el ajuste. La imposición de la megaminería funciona exactamente igual. Hace diez días, usaron como excusa algunos desmanes en la Casa de Gobierno para allanar las casas de asambleístas e impulsoras de la iniciativa popular. Fueron directamente a las cabezas de esta resistencia.
También lo vimos ayer, en el marco de una movilización para respaldar el ingreso de la iniciativa popular en la Legislatura. La mañana transcurrió tranquila y pacífica; la policía ni siquiera estuvo a la vista, pero evidentemente estaba siguiendo los movimientos de compañeros y compañeras porque a un grupo que volvía a Trelew desde Rawson le cruzaron un auto civil en la ruta para obligarlo a detenerse. Detrás, llegaron las patrullas, los detuvieron, los golpearon, los patearon en el piso, a un compañero le rompieron la nariz, los llevaron a la comisaría, los golpearon también ahí adentro. Esto no es nada más ni nada menos que la demostración de que el gobierno sabe que su proyecto minero no tiene licencia social, pero también de su decisión de imponerlo pese a ello, a toda costa y a palos y represión.
BS | Días después de asumir, en el almuerzo de fin de año de Asociación Empresaria Argentina (AEA), Alberto Fernández afirmo que “la minería es primordial” y celebró que “en Chubut hemos logrado explotar oro y la plata en la zona de la meseta. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”. En octubre, el ministro de Economía Martín Guzmán anunció la reducción de retenciones a la minería del 12 al 8%. El ministro de Hidrocarburos de la provincia, Martín Cerdá, es el nuevo presidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN). ¿Cuál es el rol del gobierno nacional y su relación con el gobierno provincial?
JR | Si bien cuando asumió Alberto Fernández hizo algunas declaraciones sobre la importante de cuidado del medio ambiente, los hechos demuestran que nombró como secretario de Minería a Alberto Hensel, ex secretario de Minería de San Juan y delgado de la Barrick Gold en esa provincia. Hensel se dedica a avanzar los proyectos mineros. Las provincias donde ya están las mineras siguen como vienen, pero hay un interés especial en los proyectos de las mineras ya tienen análisis y número que cierran, pero a los que les falta el aval legislativo de las provincias para arrancar. Por eso se apuntó tan fuerte a Mendoza y Chubut.
Esos dichos de Alberto que mencionan fueron en una reunión con empresarios. No sé si por desinformación o para provocar, pero dijo que ya lo habían logrado, cuando todavía no habían logrado nada. En Mendoza ni siquiera se había derogado la ley que se derogó finalmente en diciembre.
Mendoza tiene una ley similar a la de Chubut que prohíbe el uso del cianuro y hay algunos proyectos de oro que podrían empezar si se derribara esa ley. Eso intentaron hacer el gobernador de Cambiemos y los legisladores tanto de oficialismo como del PJ: se pusieron de acuerdo en hacer una sesión extraordinaria en la legislatura mendocina el 21/22 de diciembre, una semana después de que Fernández dijera que se había logrado la explotación de oro y plata. Tuve la posibilidad de estar en esa sesión y ahí modificaron la ley que prohíbe el cianuro con el apoyo de todos los bloques políticos, excepto algunos partidos independientes y la izquierda que se opusieron. Eso derivó unos días después en el levantamiento del pueblo mendocino, que hizo caravanas enormes hacia la capital para expresarse. Cuando se derogó la ley, la sociedad mendocina se dio cuenta de que estaba en peligro el agua, con todo lo que significa el agua en un lugar tan desértico, que depende del agua que baja de la montaña para la agricultura, para el vino, el turismo y para la vida. Recién entonces, la sociedad salió a la calle masivamente e hizo dar marcha atrás al gobierno. Tuvieron que hacer otra sesión extraordinaria después de la navidad porque la gente no volvía a sus casas, se iba caer el sistema productivo y se iban a suspender las fiestas típicas.
Eso pasó en Mendoza el año pasado y el gobierno nacional debería tenerlo en cuenta ahora que actúa sobre Chubut porque está claro que no hay consenso social para la megaminería. No se entiende bien por qué el gobierno insiste. Yo creo que lo único que busca el gobierno nacional es mostrarles al FMI y el mundo de las finanzas apertura a inversiones porque la actividad minera ni siquiera aporta dinero al Estado en sus primeros años dado que gozan de un marco jurídico que les permite evadir todo tipo de impuestos. Ni siquiera están en juego dólares que van a sacar el país adelante. Yo creo que si fueran más inteligentes se darían cuenta de que la situación en Chubut no da para jugar con eso, van a generar una situación peor que la del año pasado en Mendoza.
Con respecto al apoyo político al gobernador, hay diferentes teorías porque en realidad no se entiende. Arcioni llegó a la vicegobernación de Chubut con Das Neves, que ya había tenido dos mandatos (2003-2011) y que volvió a la gobernación en 2015 con mucha popularidad. La imagen del Buzzi estaba muy deteriorada por la traición a la iniciativa popular y Das Neves ganó por amplio margen. Se presentó con boleta corta, sin candidato presidencial, y aun así sacó cerca del 60% prometiendo volver a los «buenos años» de cuando había sido gobernador. Para no pelearse con ningún sector político, eligió un vice desconocido que no venía de la política. Ahí apareció Mariano Arcino, un escribano de Comodoro Rivadavia sin participación política, cuya virtud era ser amigo de la facultad de Sergio Massa. En ese momento, Massa estaba alejado del Kirchnerismo y Das Neves acordó con él poner a alguien de su confianza como vice. A los dos años falleció Das Neves y Arcioni quedó como gobernador, pese a que en 2017 fue electo diputado nacional con una campaña que prometía defender a Chubut del ajuste y de la imposición de la Nación de hacer megaminería. Vale aclarar: no es una posición de Alberto o Cristina en particular, sino que todos los gobiernos nacionales del 2003 hasta acá buscaron que avanzara la megaminería en Chubut. Los políticos locales deben responder a la presión de la sociedad, por lo que en campaña todos los candidatos son antimineros y, una vez en el poder, giran en su discurso para alinearse con la Nación.
En 2017 Arcioni asumió como gobernador. En 2019, con la provincia ya sumergida en la crisis que aún arrastramos, tomó deuda en dólares irresponsablemente y condicionó las regalías petroleras a esa deuda para acomodar las cuentas provinciales. Pasó los sueldos en término, ofreció paritarias altas, adelantó las elecciones y logró ser reelecto. Al mes siguiente, dejó volvió a dejar de pagar los sueldos e incumplió los aumentos salariales acordados en paritarias. Cuando se le preguntaba por la minería, decía que la discusión no era urgente y que la cuestión era cómo salir del extractivismo para dar valor agregado. Esa fue su campaña en 2017 y ahora circulan videos de cuando decía un no rotundo a la minería en entrevistas televisivas. Estafó a la sociedad.
Hoy se ve que el gobierno nacional lo presiona para que habilite la megaminería o se vaya. Arcioni no tiene el apoyo de la población y el apoyo de Nación solo se sostiene como la última carta para que habilite la megaminería. Incluso el bloque del PJ de Chubut y la UCR de Macri expresaron de diferentes formas que no van a aceptar el proyecto de zonificación. Arcioni quedó completamente aislado y no se entiende que siga donde está si no es por este plan de Hensel y del gobierno nacional.
LF | ¿Cuáles son las empresas involucradas? ¿Cómo operan? ¿Podés contarnos cómo funciona el lobby minero a escala provincial y nacional?
JR | Las empresas no presionan al gobierno nacional, directamente tienen a sus representantes en el gobierno. Hensel es un delgado de Barrick Gold en el gobierno y eso no es ninguna novedad. Barrick Gold entró al país en 2005, en el 2015 se la protegió cuando tuvo derrames de cianuro, y la Nación advirtió que el yacimiento de Veladero debía cerrarse por las tres reincidencias de desastres ambientales, pero esto nunca ocurrió. El gobierno nacional busca avanzar con la megaminería y no hay cómo discutirlo porque lo dicen Alberto y Hensel. Se puede intentar ver fisuras en el partido gobernante, pero la dirección va por ese lado.
En las provincias, el lobby de las mineras se ve en el nivel de dinero que administran. Sería muy difícil de explicar cómo los políticos se prenden fuego públicamente, si no es por lo que pasa debajo de la mesa y no se ve. Ahora bien, lo que sí se puede ver es que compraron los principales medios de comunicación. Basta con ver las tapas del diario El Chubut, Jornada: todos los días sacan declaraciones a favor de la minería, mientras que en estos cinco meses no sacaron nada de la iniciativa popular. Que el aparato mediático está copado por las mineras pudimos verlo en Esquel en 2003, cuando las empresas compraron todos los medios, excepto una radio y un canal de televisión. Las empresas no solo pagaban la publicidad sino también para que no se hablara en su contra. La Asamblea quería comprar publicidad y la rechazaban.
La otra estrategia es el asistencialismo con servicios y derechos que cubren cuando el Estado se retira y las deja actuar. Los pueblos de la meseta están gobernados por la minera, antes de que comience la extracción del mineral y antes de que la provincia pueda llegar a depender de esas regalías. No solo contaminan el ambiente sino también la política y todas las instituciones.
Las principales empresas son la Blue Sky Uranium, que quiere extraer uranio de la cuenca del Río Chubut y que ya tiene otro proyecto muy avanzado en Valcheta (Río Negro), y Pan American Silver, que es una de las mayores empresas de plata del mundo y que es canadiense, pero está completamente desterritorializada. Declara sus ingresos en Canadá, pero funciona en el resto del mundo: México, Guatemala, Perú, Argentina. No tiene patria y es la empresa con mayor poder de fuego y lobby hoy en la provincia.
En Esquel, está Yamana Gold, una empresa de oro, también canadiense. En marzo nos encontramos con la novedad de que consiguió un nuevo socio local: Eduardo Elsztain, dueño de la constructora e inmobiliaria IRSA, más conocido por ser el dueño de los shoppings de Rosario, Córdoba y Buenos Aires, del Banco Hipotecario y de un montón de empresas en Argentina e Israel. Acordó encargarse de todos los asuntos legales, políticos y sociales relacionados con Yamana Gold. Elsztain puso dos millones de dólares para entrar en la sociedad Minas Argentinas (filial de Yamana Gold en Argentina) y, en caso de lograr que el proyecto se apruebe), con 30 millones más entraría para llevarse la mitad de las ganancias finales, descomunalmente más grandes. La empresa entendió que no podía lograr por sí misma derrotar al pueblo de Esquel y Elsztain invirtió para asumir la tarea. Es muy loco que apueste por Esquel porque está claro que acá no va a haber megaminería; por ahí podía pensar eso hace 10 o 20 años, pero hoy está claro que la lucha no se agota, sino que crece día a día.
En Esquel tenemos ordenanzas que impiden incluso que las mineras tengan oficinas. Son repudiadas. En 2012 descubrimos que Yamana Gold ofrecía su proyecto en Esquel cambiándole el nombre por Suyai para que no apareciera en los buscadores. También nos dimos cuenta de que uno de los principales periodistas de la ciudad estaba trabajando como gerente de Relaciones Comunicacionales de la empresa; hoy sigue haciendo lobby para las mineras, pero ya no a escondidas. Así se manejan las empresas, pese a todos los discursos de transparencia, sostenibilidad y de colaboración con la sociedad porque lo que buscan es avanzar como sea para garantizar lo que quieren hacer: negociados. Las mueve nada más que el ánimo de obtener ganancias.
BS | Parece claro que entre Cambiemos y el peronismo no hay grieta en torno al extractivismo. Pero más allá de las presiones desde arriba, del gobierno nacional sobre la política provincial, ¿por qué creés que la oposición a la minería no se traduce políticamente en candidatos y candidatas que no traicionen el movimiento, como Arcioni?
JR | Es una gran pregunta. Un poco se puede responder por la forma asamblearia de la resistencia. Nadie se pudo hacer cargo de esto, que trasciende a todos los partidos políticos. Hoy hay legisladores de todos los partidos que van a votar en contra de la zonificación y de todos los partidos que van a votar a favor y, como les decía, en las elecciones todos son antimineros. Entonces cuesta…
Muchos planteamos que habría que presentar un proyecto alternativo. En Esquel, por ejemplo, resurgió un frente vecinal y que a partir de las elecciones de 2003 logró alrededor del 20% en varias elecciones y siempre tuvo concejales. Pero no pudo trascender y es porque falta avanzar sobre cuales son sí. Si un plebiscito logra el 80%, es porque no se opone solo un sector político, sino que atraviesa toda la sociedad. Movilizándose contra la megaminería, hay representantes mupuches y también referentes de la Iglesia, marchando juntos. Es muy variopinta la oposición, pero esa diversidad también dificulta lograr un proyecto común que supere las estructuras partidarias. Estamos todos de acuerdo contra la megaminería, pero es difícil plasmar eso en una propuesta político.
LF | Es llamativo que, en Esquel, con la potencia de la Asamblea y el grado de movilización, haya un intendente de Cambiemos, el partido que más relacionado estuvo con el capital financiero ligado al extractivismo.
JR | Sí, la situación es muy llamativa: es impresionante el nivel de corte de boleta y las diferencias políticas que se manifiestan. En la última elección, por ejemplo, Cambiemos ganó la intendencia, pero Arcioni ganó la provincia y Alberto la Nación. De los sobres, salen boletas de todos esos colores. El 20% del frente vecinal viene acompañado también por esas boletas. Es paradójico.
BS | El extractivismo es un modelo de maldesarrollo común a muchas provincias de nuestro país. Las asambleas, grupos de vecinxs autoconvocadxs, organizaciones autónomas reunidas en defensa de los bienes comunes, la salud y la autodeterminación de los pueblos. Chubut, Mendoza, Catarmarca, San Juan. ¿Qué vinculación existe entre todas ellas?
JR | A nivel provincial, la UACCH es lo que más funciona porque todas las asambleas están nucleadas ahí. A nivel nacional, se han hecho varios intentos. Uno de ellos es la Marcha Plurinacional por el Agua que tuvo encuentros en San Juan, Catamarca, y que es un movimiento más amplio que la megaminería porque habla de la defensa del agua en toda su variedad.
Después, las articulaciones están de asamblea en asamblea. Estos días nos llegaron apoyos de todas las asambleas del país. Desde los programas de radio que hacemos estamos siempre en comunicación. Pero también hay que tener en cuenta que son asambleas, la gente va cambiando. No se traduce en un movimiento organizado con referentes fijos porque se armaron sin personalismos, con participación abierta. Eso hace que los debates sean lentos o que muchas veces empiecen de nuevo. Y, aun así, cada vez que pasa algo, las asambleas se comunican y accionan en conjunto. Ahora hay movidas en Mendoza, Tucumán, en Capital Federal, todas en apoyo de Chubut.
Tal vez uno quisiera que la organización fuera más fluida o que surgiera una estructura. Podría ser, pero la lógica es la de personas comunes, participando de la forma que pueden, en asambleas que se arman en el momento. Claro que hay gente con más experiencia, que está hace muchos años. En el caso de Esquel son las mujeres históricas que se bancaron los momentos en los que no pasaba nada ni iba nadie, pero siguieron igual. Gracias a esas personas, la coordinación existe y cada vez que hay una urgencia eso se ve.
LF | ¿Hay algo que no te hayamos preguntado y te gustaría agregar?
Hablamos de todo, pero algo sobre lo que se viene. Estamos atentos. La iniciativa popular tiene seis meses para tratarse y lo más probable es que la duerman, pero el proyecto de rezonificación presentado por Arcioni está en una sola comisión, la de Recursos Naturales XXXX, y estamos atentos a la fecha de despacho de esa comisión porque allí sabremos qué día se va a votar en la Legislatura.
Todo esto en un momento muy extraño y con las dificultades que trae la pandemia. El gobierno impulsó una suerte de burbujas que limitan la movilidad al interior de la provincia. Por ejemplo, es bastante complicado si queremos ir desde Esquel a Rawson. Se suma el manejo del ministro de Seguridad y sus superpoderes.
Estamos atentos también porque hace unas semanas se movilizó el único sindicato que está haciendo fuerza por la minería: la UOCRA. En los primeros años, las mineras generan trabajo porque tienen que construir los campamentos para los yacimientos. y, como quieren sacar plata rápido, lo hacen con mucha mano de obra. Eso hace que sindicatos como la UCRA quieran que arranquen los proyectos mineros. Pero es pan para hoy y hambre para mañana porque la construcción dura poco tiempo y después la mina funciona con muy poco trabajo. Están muy tecnificadas y requieren mano de obra muy calificada que siempre tiene que venir de afuera. La UOCRA ya se movilizó sin ningún problema y estamos atentos porque ya tuvimos una experiencia de violencia parapolicial por parte de la UOCRA que en 2014 atacó una movilización de asambleístas con palos y cadenas. Creemos que la tensión puede crecer.
Por último, si tuvieron la posibilidad de ver las imágenes, está clarísimo que el rechazo es enorme. No hay licencia social para la minería. Me gustaría remarcar bien eso porque, pese a que la Nación tenga un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, tiene que escuchar y darse cuenta de que, si la provincia dice “no”, debe respetar su soberanía y permitirle elegir qué modelo de desarrollo y de futuro quiere. No puede imponer un proyecto de desarrollo a una provincia que hace tanto tiempo rechaza la minería y quiere otra forma de desarrollo. Una que genere trabajo digno y preserve el territorio para las próximas generaciones, una que no comprometa el futuro de toda la provincia por diez años de saqueo.
