En la Patagonia, las últimas semanas han sido testigo de movilizaciones y pueblas en oposición a la instalación de la megaminería en Chubut. En el norte, la deforestación avanzó aún a mayor velocidad durante la cuarentena. Y el “regalo” para el centro del país fue la aprobación del uso de trigo transgénico.
Chubut: una nueva revuelta popular contra la megaminería
Oponerse al extractivismo es difícil. El consenso ideológico de los grandes partidos políticos funciona, de momento, como un cerrojo a la construcción de proyectos alternativos de desarrollo. Sin embargo, en los territorios afectados directamente por la actividad del capital multinacional ligado a la actividad extractiva, la situación es diferente.
En 2003, la ciudad de Esquel, en Chubut, la sede de un hecho democrático sin precedentes en el país. Gracias a un año de movilizaciones multitudinarias, la gente fue consultada a través de un referéndum con respecto a la iniciativa «Cordón Esquel», un proyecto megaminero que se instalaría a 6 kilómetros de la ciudad. El resultado fue arrollador: el 81% lo rechazó. Así comenzó un movimiento que derivó en la sanción de la Ley 5001 (Ley XVII N° 68) que prohibió la actividad minera a gran escala.
17 años después, esta conquista popular debe ser defendida. Esta vez es el gobernador Mariano Arcioni quien protagoniza la traición al pueblo. Como candidato, se abanderó con el No a la Mina que no dejó de repetir como promesa de campaña, pero hoy promueve un proyecto de zonificación que da la espalda a la Ley Provincial 5001 con el fin de rehabilitar la megaminería. Bajo la promesa de un área de amortiguación de 5 km que igualmente podrá ser exceptuada por la autoridad de aplicación, está dispuesto a regalar el Río Chubut y poner en riesgo de contaminación prácticamente todas las cuencas hidrosociales de la región.
El proyecto de ley del ejecutivo provincial ingresó en la Legislatura el 20 de noviembre y, si bien esta semana no consiguió dictamen en la comisión de Recursos Naturales, todavía puede ser tratado sobre tablas en los próximos días. Mientras tanto, se posterga el tratamiento de un proyecto de ley presentado por iniciativa popular y que logró reunir 30.916 firmas en apenas cuatro meses y a pesar de las restricciones debidas al ASPO.
Arcioni, con el respaldo del gobierno nacional, justifica esta avanzada con la crisis que la provincia arrastra desde 2017. Propone la megaminería como la solución, pero esto no es más que una falacia. Por un lado, las provincias del país donde la explotación ya sucede no han visto mejoras sustanciales en las condiciones de vida de la población. Por otro, Chubut es una provincia que depende del extractivismo: el petróleo representa el 30% del producto bruto provincial, el 12% del empleo registrado, alrededor del 30% del valor exportado y a través de las regalías aporta el 20% de los ingresos totales de las arcas públicas. Esta dependencia pone a la provincia en una situación de fragilidad extrema que ha quedado demostrada precisamente cuando estalló la crisis económica. ¿De qué forma la profundización del extractivismo solucionaría los problemas que el extractivismo mismo ha creado?
El proyecto de zonificación se topa con la resistencia del pueblo de Chubut, movilizado y organizado. Mientras las empresas mineras de capital transnacional (principalmente canadiense y chino) apuestan al lobby, el gobierno recurre a la criminalización de asambleístas y vecinxs y a los abusos de poder. Hostigamiento, amenazas, desprestigio, persecución policial y judicial son parte de la estrategia, como nos contó en primera persona uno de lxs integrantes de No a la Mina, la asamblea de vecinxs autoconvocadxs de Esquel. El uso de la fuerza es el revés de la trama de lo evidente: la instalación de la megaminería en la provincia de Chubut no tiene licencia social.
El trigo: la última incorporación a la familia transgénica
El 7 de octubre, a través de una resolución del Ministerio de Agricultura, Argentina se convirtió en uno de los primeros países en aprobar el uso de trigo transgénico, aunque su comercialización quedó sujeta a la aprobación del mismo en Brasil. La incorporación tecnológica es resistente a la sequía y permitiría “minimizar pérdidas de producción y dar mayor previsibilidad a la producción por hectárea”, pero su aprobación activó las alarmas.
Desde el lado comercial, se escucharon críticas porque ser uno de los primeros países en aprobarlo podría perjudicar el ingreso del producto en otros mercados internacionales, aunque el proceso de aprobación también ha sido iniciado por otros países como Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Más allá de las aristas comerciales, lo central y que nuevamente se pone en discusión es qué modelo de producción queremos para nuestros alimentos. Como planteamos en la edición anterior de Otra Argentina, el modelo del agronegocio que comenzó con el “pack tecnológico” de la soja ha sido responsable del avance de la frontera agrícola principalmente sobre bosques nativos y de la pérdida de la biodiversidad como así también del deterioro de la salud de las personas que viven en las zonas cercanas. A ese modelo que ahora busca expandirse hacia otros cultivos, se le oponen otras alternativas como la producción agroecológica que vimos, por ejemplo, en la iniciativa del proyecto Artigas.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la cantidad de alimentos que cada modelo puede producir y cómo ello impacta en la mejora del acceso a la alimentación de la población. Esto conlleva una doble falacia. La primera es suponer que mayor producción generaría mayor acceso, cuando el principal problema es de distribución y no de producción. Por otro lado, se repite que los modelos agroecológicos de producción no tienen la misma capacidad productiva, pese a que no hay ninguna prueba de ello. Por el contrario, una producción agroecológica y de cercanía tendría una capacidad de producción semejante y permitiría, además, una mejor distribución debido a la cercanía de la producción con puntos de venta, así como la diversificación de productores, contraria al actual oligopolio que el paquete tecnológico genera.
Se suma, por supuesto, el tema de la salud. El desarrollo del paquete tecnológico implica el uso de semillas transgénicas y, de su mano, el uso de agrotóxicos que acompañan el cultivo. Esto tiene efectos nocivos para la salud de la población que ya están a la vista. Por todas estas razones, la aprobación del trigo transgénico generó el rechazo mayoritario de la comunidad científica argentina.
La guerra contra los bosques
Este año estuvo signado por la pandemia del Covid-19, generada entre otros factores por la formas de producción de nuestros alimentos, pero esto no llevó a replantear estas sino, al contrario, a su aceleración. Así lo demuestra, por ejemplo, la mayor deforestación en diez años que sufrió la Amazonía en el 2020, donde aumentó el 30% con respecto al año anterior.
La Argentina no fue ajena a este proceso. En las últimas tres décadas, está entre los 10 países que más desmontaron. Solo durante la cuarentena, se deforestaron casi 50.000 hectáreas. A la cabeza de este proceso se encuentran las provincias de Santiago del Estero, la jurisdicción con mayor pérdida de bosques nativos durante el ASPO, seguida por Salta, Formosa y Chaco. En Salta, justamente en el límite con Chaco, en los últimos días vimos el avance de la frontera agrícola sobre el monte nativo gracias a las imágenes que captó el satélite recientemente lanzado SAOCOM 1B.
Hace pocas semanas el gobernador de Salta, el massista Gustavo Sáenz, justificó la violación sistemática de la Ley de Bosques en su provincia en una entrevista televisiva. Argumenta que “tenemos que elegir entre que Salta sea una gran reserva natural con gente muriéndose de hambre o queremos equilibrar las necesidades de la población con las necesidades del ambiente”. Un razonamiento tan falaz como ignorante.
El avance sobre los bosques para la extensión de la frontera productiva no hace más que agravar el complejo cuadro de colapso climático y ecológico que atraviesa el mundo. Favorece las inundaciones y la pérdida de biodiversidad, aumenta el riesgo de aparición de nuevas enfermedades zoonóticas y, además, provoca el desplazamiento de las comunidades que viven en este territorio.
Recomendaciones
Películas y libros que nos invitan a seguir pensando qué modelo de desarrollo queremos en Argentina y América Latina.
Películas
Viaje a los pueblos fumigados (2018), documental dirigido por Pino Solanas y que muestra la devastación social y ecológica de la producción de alimentos transgénicos con agrotóxicos. Disponible en la más que recomendable plataforma Cine.ar.
El Choque de dos Mundos (2016), documental hecho en Perú donde se abordan los conflictos entre el gobierno de Alan García y los pueblos indígenas por la concesión de los territorios amazónicos para la exploración petrolera. El conflicto llevó a la Masacre de Bagua, con más de 30 muertos. La película, que ganó premios alrededor del mundo, ofrece una visión del conflicto sin maniqueísmos, ni tampoco ofrece soluciones fáciles. Un ejemplo de periodismo documental. Disponible acá.
Libros
20 mitos y realidades del fracking (2014) un trabajo colectivo que busca sistematizar los cuestionamientos científicos y dar cuenta de las resistencias a lo largo del país contra la actividad cada vez más invasiva de las grandes empresas petroleras. Aportes diversos para pensar la soberanía, la matriz energética y la relación de nuestros gobiernos con los grandes capitales transnacionales. Publicado por la Editorial El Colectivo, a un precio accesible.
La Patria Sojera: El modelo agrosojero en el Cono Sur (2014), coordinado por Daiana Melón. Un breve libro que recorre desde la forma en la que la sojización se transformó en hegemónica hasta las resistencias de los pueblos fumigados, y la construcción de una alternativa popular, democrática y participativa de la mano de la agroecología. Como una introducción a la lectura, en este breve ensayo fotográfico, se pueden ver los efectos desoladores sobre las poblaciones colonizadas por el capital sojero. Editorial El Colectivo, también a un precio justo en su tienda online.
