El 17 de noviembre, en un video posteado en las redes oficiales, Alberto Fernández anunció el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Aires de respiro en este fin de año que parece avanzar en el cumplimientos de lo que, hasta ahora, era mera promesa de campaña. Aún quedan algunos trechos politicos necesarios para que de una buena vez podamos festejar el aborto legal en las calles, distancia social y barbijos mediante.
El proyecto de ley presentado por el poder ejecutivo tiene puntos interesantes y algunos pasajes idénticos al proyecto en el que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito viene trabajando hace años, pero también guarda algunas diferencias que conviene repasar.
Punto por punto
Una de las diferencias más sustanciales, de esas que nos preocupan, es la penalización de personas que decidan practicarse un aborto después de las 14 semanas de embarazo, a no ser que estén contempladas por las causales de abuso sexual o riesgo para la vida de la persona (artículo 17). En el proyecto presentado por la Campaña el año pasado, ninguna persona que decida interrumpir su embarazo será penalizada.
La objeción de conciencia es otro de los puntos sensibles a tratar. Si bien es positivo que el proyecto enviado por el ejecutivo postule la objeción de conciencia (artículo 10) como un derecho individual y no institucional (es decir, cada profesional puede elegir si interviene o no en abortos), los sectores que defienden el derecho a decidir remarcan que esto puede ser una traba fundamental para obstaculizar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente porque el proyecto no explicita que las instituciones tengan la obligación de incluir en su personal al menos une profesional no objetor. Sin embargo, el texto sí aclara que quienes sean objetores deben derivar a la paciente a otro profesional y no pueden negarse si la vida está en peligro. Además, ambos proyectos penan legalmente a les profesionales de la salud que dilaten o interrumpan la práctica del aborto.
En tercer lugar, el proyecto armado por la presidencia no contempla la inclusión de la interrupción del embarazo en los contenidos curriculares de la Educación Sexual Integral (artículo 12), mientras que el proyecto de la Campaña propone abordarla como una elección de las personas con capacidad de gestar desde una perspectiva de derechos humanos, de género, laica y científica.
Más allá de estas contraposiciones, el proyecto del poder ejecutivo tiene un punto favorable en el que apela a la autonomía (artículo 5) y la protección de la decisión de la persona gestante sin involucrar a tercerxs que intenten influir. Otro agregado interesante es aquel que contempla el no requerimiento de declaración jurada a personas menores de 13 años que decidan realizar la interrupción de su embarazo por causales (artículo 4). En todos los casos, se incorporan los articulados previstos en la Ley de Derechos del Paciente y del protocolo ILE del Ministerio de Salud de la Nación, como trato digno, privacidad, confidencialidad y acceso a la información, entre otros.
Como mencionó Celeste McDougall, aún queda por delante el debate que se dará no solo en las cámaras de diputades y senadores, sino también en las respectivas comisiones. Esos serán los espacios para seguir militando las diferencias entre los proyectos y, sobre todo, limar aquellas asperezas en los artículos que la Campaña propone como prioritarios.
La lucha más allá de la ley
La defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito implica la reivindicación de las mujeres y personas con capacidad de gestar como sujeto político. La otra cara de la moneda es la resistencia a la legalización, que encubre un problema político fundamental: otorgarnos ciudadanía plena. Para el poder político es problemático conceder a las mujeres autonomía sobre nuestro cuerpo porque de este modo podríamos decidir nuestro proyecto reproductivo sin la tutela y el papel que prevé para nosotras un Código Penal casi centenario, que data de 1921. Del mismo modo, reconocer la capacidad de gestar y la autonomía de varones trans y personas no binarias asignadas mujeres al nacer pone en jaque la heteronorma y el cisexismo que le dan forma a nuestra sociedad, a la vez que expone la violencia sobre las personas que no se acomodan esas normas.
A fin de garantizar el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres e identidades feminizadas, el Estado patriarcal siempre se ha mostrado dispuesto a imponer la maternidad forzada. Los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales provinciales que hoy se oponen a la IVE son los mismos que nunca han dejado de obstaculizar la ILE y la aplicación del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Incluso en los casos más crueles, contemplados por las causales que permiten el aborto, tropezamos con los obstáculos de un sistema que busca forzar la maternidad. Los promotores de maternidad forzada, dispuestos a sacrificarnos con tal de resguardar el privilegio patrimonial de los varones patriarcales sobre nuestros cuerpos, seguirán estando en los mismos centros dogmáticos de poder político y clerical y de lobby antiderechos el día que el aborto seguro sea ley.
Por esta razón, debemos anticiparnos a las trabas que el aborto legal enfrentará incluso si el proyecto enviado por el poder ejecutivo es aprobado. Garantizar el acceso al derecho tal como está escrito en el texto de la ley será una tarea por demás difícil. Tenemos un antecedente que ilustra esto en la Ley 26.150 que garantiza la Educación Sexual Integral, pero cuya implementación no termina de llegar a todas las instituciones educativas. Entonces, si conseguimos la ley, ¿qué trabas debemos esperar?
El primer riesgo es que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sea desigual. La alerta se enciende si miramos qué sucede actualmente con la interrupción legal del embarazo. El acceso a un aborto legal, de acuerdo al sistema de causales vigente, comprende un abanico de experiencias muy diversas. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la Legislatura adhirió al protocolo actualizado y los Centros de Salud ofrecen especialidades y programas en ginecología y salud sexual, en Neuquén el sistema público de salud garantiza el cumplimiento de la ILE solo parcialmente, de modo que no está disponible en todo el territorio. Pero en la misma provincia afortunadamente funciona Socorro Rosa, un servicio creado por la colectiva feminista La Revuelta que brinda información y acompañamiento a quienes deseen interrumpir su embarazo. En otros lugares de nuestro país, ni el estado garantiza el derecho ni llegan las redes solidarias. La historia de Belén, una joven tucumana que estuvo casi tres años privada de libertad por un aborto espontáneo, no podría ser más elocuente. El acceso igualitario a la IVE necesitará tanto del dispositivo legal como de un dispositivo político que llegue a cada porción de territorio. Si ese dispositivo no se monta, seguirá habiendo abortos inseguros.
En este punto, es importante preguntarnos cuál es el estado de nuestro sistema de salud. En pocas palabras: insuficientemente financiado y territorialmente desigual. Mientras la Ciudad de Buenos Aires concentra 10,2 médiques y 7,3 camas cada 1.000 habitantes, Misiones cuenta con apenas 1,2 y 1,1 respectivamente. En Santiago del Estero, la radio avisa cuándo llegará a la comunidad el grupo de voluntaries que viaja periódicamente desde CABA. Pediatría y ginecología son las consultas más demandadas en esas visitas. Según el Ministerio de Salud de la Nación, Tucumán -provincia declarada “provida” a través de una resolución de su legislatura- es una de las que menos establecimientos asistenciales y camas tiene. Si miramos la tasa de obstetras y ginecólogues cada 100 mil habitantes por región, vemos que el noreste y el noroeste (santuario del poder machista) se encuentran por muy por debajo de la media nacional.
Además, bajo la idea distorsionada de que el aborto en Argentina es ilegal, la información sobre el tema brilla por su ausencia o es poco confiable. El Ministerio de Salud, responsable de garantizar el acceso igualitario a la salud, tendrá el desafío de suplir este vacío y producir la información necesaria para prever los insumos y recursos humanos necesarios y planificar una política fundada de IVE.
Otras dificultades empiezan en el proyecto de ley que, como dijimos más arriba, regula la objeción de conciencia como un derecho individual. Miremos algunas experiencias que pueden servirnos de ejemplo. La objeción de conciencia convierte el acceso al aborto en una carrera de obstáculos, por ejemplo, en Catalunya, especialmente en los hospitales en los que la Iglesia católica tiene influencia. Por eso, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos (ADSiR) reclama la elaboración de un registro de objetores.
Si la objeción de conciencia muchas veces colisiona con el derecho a la IVE, en Italia directamente atenta contra él. En el país mediterráneo, la IVE consagrada por la Ley 194 cumplió 40 años, hubo poco que festejar. El número de abortos legales no deja de caer (de 234.801 en 1983, a 84.925 en 2015) y la objeción de conciencia parece tener mucho que ver. El 70% de les profesionales son objetores y en el 60% de los hospitales el 100% del personal lo es. Pese a que la ley establece que las instituciones tienen la obligación de ofrecer la práctica aún si todo su personal es objetor, esto rara vez se cumple. En este sentido, es importante subrayar que el proyecto de ley presentado por el poder ejecutivo no explicita esta obligación, a diferencia del proyecto de la Campaña debatido en 2018.
Uruguay legalizó el aborto en octubre de 2012. Corría el año 2014 y en el departamento de Salto todavía no se ofrecía la práctica porque el 100% de les ginecólogues eran (y son) objetores. Entonces, el Ministerio de Salud Público resolvió enviar una médica una vez por semana para garantizar el acceso a la IVE. Al otro lado del país, en Cerro Lago, el 66% del personal es objetor. Una mejor redacción del artículo que obligue a todas las instituciones a ofrecer la IVE (como proponía el proyecto de la Campaña debatido en 2018) o la supresión por completo de la objeción de conciencia (como propone el proyecto de la Campaña presentado en 2019) contribuiría a evitar estos problemas. Pero es igualmente cierto que la disputa por el acceso real al aborto deberá librarse en cada lugar del territorio.
En Salto, la resistencia a la IVE no se forja solo en las instituciones de salud sino también en las escuelas. Lxs estudiantes del liceo N°1 denunciaron a través de sus redes sociales que la dirección les obligó a participar de una charla sobre “afectividad, responsabilidad y sexualidad” que no era más que una condena religiosa del aborto. En Uruguay, el episodio pudo juzgarse porque es un Estado laico y las autoridades consideraron que era una violación a la laicidad. En nuestro país, si bien la educación es laica, el Estado no lo es y la influencia política de la Iglesia católica es mayor. Por eso, es importante que la IVE sea abordada en la currícula de la ESI con una perspectiva laica, de género y derechos humanos.
Por último, también supone un riesgo la penalización de las personas que aborten después de la semana 14 sin estar contempladas en el sistema de causales. Lo que sabemos de las denuncias contra mujeres que buscan atención médica después de un aborto es que suelen ir acompañadas de múltiples formas de violencia institucional, tal como la define la Ley 26.485 de Violencia contra las Mujeres. El problema se agrava en la justicia, que no suele investigar estas violencias ni tiene en cuenta la palabra de estas mujeres, niñas, varones trans y no binaries más que para usarla en su contra. La violencia, la revictimización y el temor de ir a la cárcel no hacen más que a las personas del sistema de salud y, al mismo tiempo, empujarlas a la inseguridad de la clandestinidad.
El poder ejecutivo introduce la legalización del aborto como un problema de salud pública, y efectivamente lo es. Ahora bien, la objeción de conciencia y la criminalización de las personas que aborten después de las catorce semanas de embarazo muestran el trasfondo: el aborto es parte de la disputa por la autonomía, por la ciudadanía plena de las mujeres y los varones trans y no binaries con capacidad de gestar. Somos sujetxs políticxs en lucha contra una cultura patriarcal y para emanciparnos necesitamos que nuestros derechos (no) reproductivos y sexuales sean reconocidos y garantizados. Por eso, la demanda por la legalización del aborto se despliega más allá de las fronteras nacionales. De Argentina a Estados Unidos y de Irlanda a Polonia.
En nuestro país, hasta ahora, los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar han quedo dispuestos al servicio de una masculinidad violenta y misógina. La legislación es doblemente patriarcal porque impone límites y penaliza la autodeterminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar sobre su cuerpo, pero no contiene reglamentación alguna acerca del cuerpo de los varones cuya responsabilidad frente al embarazo queda invisibilizada. Es urgente devolver a las personas gestantes la toma de decisión sobre sus cuerpos para que cada una pueda tomar los hilos y tejer su historia.
Para eso, hace falta que el proyecto de IVE se convierta en ley, pero también construir un dispositivo político que dé información y acompañe a las personas gestantes a lo largo del proceso de abortar. La ley consagrará este derecho fundamental, serán las políticas las que lo garanticen.
Recomendaciones
Películas, series y libros que nos invitan a seguir pensando.
Películas
Never, Rarely, Sometimes, Always (2020), película británico-estadounidense dirigida por Eliza Hittman que pone en escena el acceso desigual al aborto en Estados Unidos. Cuando la protagonista se da cuenta de que no puede abortar donde vive, empieza una carrera dramática (y evitable) de obstáculos. No está dentro de las plataformas dominantes, pero la podés encontrar para descargar en la bahía del pirata.
Que sea ley (2019), documental dirigido por Juan Solanas que reconstruye la lucha del movimiento feminista por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Lo vemos todo, desde la marea verde que desborda las calles en las noches de vigilia hasta la soledad de quienes abortan (y mueren) en la clandestinidad.
Invisible (2017), película argentina dirigida por Pablo Giorgelli que retrata la vida de una adolescente de clase media que decide abortar tras un embarazo no deseado. Se encuentra disponible en Netflix.
Grandma (2015), película estadounidense que ahonda en los lazos entre una nieta que busca a su abuela para que la acompañe en su decisión de interrumpir su embarazo. Los movimientos anti derechos se exponen de forma ridiculizada. Tampoco está disponible en el catalogo de las plataformas hegemónicas, pero también es localizable con alternativas solidarias.
Series
Sex Education (2019), serie que a lo largo de dos temporadas aborda la educación sexual entre adolescentes. El tercer episodio de la segunda temporada está dedicado, sin golpes bajos o estigmatizaciones, a la decisión (alerta spoiler) de la protagonista, Meave, de interrumpir su embarazo. Uno de los éxitos de Netflix en el 2020.
Little Fires Everywhere (2020), miniserie que ahonda en problemáticas como el embarazo no deseado, los modelos de maternidades de acuerdo al género, la raza y la clase, y la hipocresía de la clase alta y blanca de los Estados Unidos frente al aborto. Se encuentra disponible en el catalogo de la plataforma Amazon Prime.
Libros
Código Rosa. Relatos sobre aborto (2015), primer libro de Dahiana Belfiori, editado por La parte maldita, que recopila experiencias de mujeres que decidieron abortar y lo hicieron acompañadas por las socorristas.
La Revolución Sexual de nuestro tiempo (2016), de Nadia Ledesma Prietto, editado por Biblos, reconstruye el discurso médico anarquista sobre el control de la natalidad, la maternidad y el placer sexual en Argentina entre 1931 y 1951. Una genealogía de la lucha por la autonomía de los cuerpos.
