Verano del 88′
Tórrido y agitado como pocos. 1988 comenzaba arrastrando tras de sí el cimbronazo político que significó para el gobierno de Raúl Alfonsín el levantamiento carapintada de Semana Santa el año anterior, que pedía la finalización de los juicios a los militares genocidas que actuaron impunemente durante la dictadura militar de 1976.
El 2 de Enero, el coronel Aldo Rico, cabecilla del alzamiento de Campo de Mayo (y que gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria desde el 30 de diciembre de 1987), dice desconocer la autoridad del Estado Mayor del Ejército. Se lo lo declara en rebeldía , ordenando su detención.
El 15 de enero, encabeza un segundo acto de sedición y se acuartela junto con otros 200 uniformados en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, en Corrientes. El 18 del mismo mes, Rico es detenido y encarcelado.
Meses más tarde, el 1 de diciembre de 1988, miembros del grupo Albatros (grupo de operaciones especiales de la Prefectura Naval Argentina), roban armas de un arsenal de la misma fuerza en Zárate y se acuartelan.
Posteriormente se trasladan a la guarnición de Campo de Mayo, donde el coronel Mohamed Ali Seineldín se suma al conato y toman el cuartel. Luego de una refriega con tropas leales al Estado, los rebeldes se trasladan al regimiento del Batallón de Logística N°10 de Villa Martelli, desde donde el 4 de diciembre darán a conocer sus demandas: amnistía general para todos los militares, excepto para las juntas militares del llamado «Proceso de Reorganización Nacional».
Como si todo esto fuera poco, el Plan Austral ya había comenzado a dar señales de agotamiento. En abril Argentina entra en default y a mediados de año comienza el primer pico hiperinflacionario que llevará los aumentos de precios a la friolera de 3.000% anual.
La suma de los conflictos deja sin respuestas al gobierno alfonsinista, que se debate entre pedir auxilio a un mercado que ya no tenía ningún interés en la estabilidad argentina o a un justicialismo que se agitaba como un tiburón que olió sangre.
Es en este contexto caótico que, el 23 de enero de 1989, se desarrollan los eventos del copamiento al cuartel de La Tablada, que culminarán de forma trágica con ejecuciones sumarias, torturas y los primeros desaparecidos de la democracia.
Todos por la Patria
El Movimiento Todos por la Patria (MTP) fue una organización que reunió, luego de la dictadura, a un multifacético elenco de ex militantes de las organizaciones guerrilleras de los ’70, maoistas, curas tercermundistas, los sectores más progresistas del peronismo y el radicalismo.
Con vistas a recrear la exitosa experiencia transversal del recientemente triunfador Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, el MTP comenzó a editar desde la misma Managua, la revista Entre Todos, un espacio de discusión sobre la intervención de las izquierdas populares en el marco democrático.
Simultáneamente, ya en Buenos Aires, el MTP decidió publicar un diario que expresara la corriente movimientista del progresismo y la izquierda. Es así como en mayo de 1987 salió a la calle el primer número de Pagina/12, dirigido por Jorge Lanata y donde escribía, entre las plumas de Eduardo Galeano, Osvaldo Bayer, Osvaldo Soriano y Horacio Verbitsky, un joven cordobés que luego se convertiría en vocero de la organización: Alfredo Manuel Lewkowicz, más conocido como Alfredo Leuco.
El MTP se presenta en las elecciones legislativas de 1987 pero sus resultados son muy pobres y, para diciembre de 1987, las diferencias al interior del movimiento se profundizan.
Por un lado se encontraba la facción más vanguardista y reivindicativa de la acción directa, encabezada por Enrique Gorriarán Merlo y por el otro, el ala «moderada», que abogaba por la construcción de un partido nacional.
Si bien ambas tendencias estaban de acuerdo con la inserción plena del MTP en la vida democrática, los primeros le habían dado a su interpretación de la realidad un cariz más bien conspirativo, en el que tras el marco conflictivo de los últimos años del gobierno de Alfonsín, se escondía un contubernio entre sectores militares, promercado y peronistas, que tenían la intención de derrocar al gobierno, amnistiar a todos los militares juzgados, instaurar una serie de reformas económicas de corte neoliberal y renegociar las características de la democracia recuperada en 1983.
La sucesión de levantamientos carapintadas le dio un marco de verosimilitud a esta teoría y precipitó los hechos de La Tablada.
El copa
El plan del MTP no era asaltar el regimiento de infantería mecanizada de La Tablada para robar armamento y comenzar una revolución. La intención era generar un hecho político de magnitudes similares al 17 de octubre.
De hecho, los mismos sobrevivientes intentaban trazar un paralelismo con el asalto al cuartel de la Moncada, de manera de posicionarse frente a la sociedad como una fuerza progresista que se oponía a cualquier forma de dictadura.
Suponían que, tras llevarse los tanques asentados en el regimiento, apostarlos en Plaza de Mayo y dar cuenta del intento de golpe de Estado que planeaban las Fuerzas Armadas (FF.AA.), una multitud se plegaría a la defensa de la democracia.
El 23 de enero a las 05:00, un grupo de militantes interceptó un camión de Coca-Cola que abastecía al cuartel. A las 06:00 llegan al regimiento con 46 militantes y tras embestir la barrera de la guardia entran simulando ser militares carapintadas. El ardid no surte efecto e inmediatamente comienza el fuego cruzado.
En las afueras del cuartel se encuentra Gorriarán Merlo dirigiendo el operativo y dos grupos apostados en las inmediaciones del regimiento, informando sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad.
En los mandos políticos y militares, inicialmente reinaba la incertidumbre, ya que todavía no estaban al tanto de si los atacantes eran militares sediciosos o un grupo guerrillero. Sólo luego del informe de las autoridades del cuartel, la cúpula militar se hará cargo del operativo.
Si bien en declaraciones oficiales, Alfonsín dijo haber estado siempre en comando de las fuerzas, existen fuertes evidencias que contradicen su testimonio, o que por lo menos hacen pensar que delegó todo el control de la situación a las FF.AA.
La refriega duró todo el día, aunque el plan original establecía que si para las 08:00 no habían podido llevar a cabo su cometido, deberían replegarse. Sin embargo, para esa hora el regimiento ya estaba rodeado por una coalición de efectivos de la policía bonaerense, militares y carapintadas autoconvocados que actuaron como una verdadera fuerza paramilitar.
A las 20:00, el ejército bombardeó uno de los pabellones del regimiento con fósforo blanco, un agente incendiario caratulado como arma química por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para ese momento la fuerza del MTP estaba absolutamente fuera de combate, pero la orden militar fue, como en la década del ’70, aniquilar al enemigo.
Tras la rendición, la mañana siguiente, el saldo era de 32 militantes del MTP, 9 militares y 2 policías muertos. El militante del MTP Roberto «El Gordo» Sanchez, es herido, capturado y fusilado sumariamente en el interior del regimiento. La misma suerte correrían Pablo Ramos, Claudia Deleis, Claudia Lareu, Claudia Acosta, Carlos Alberto «Quito» Burgos y Rubén Alvarez luego de la rendición. Berta Calvo morirá por «asfixia mecánica externa», eufemismo forense para «la ahogaron poniéndole una bolsa de plástico en la cabeza».
José «Maradona» Diaz e Iván Ruiz logran escapar del derrumbe de uno de los pabellones bombardeados durante la tarde. Intentan salir del predio, simulando ser conscriptos, pero son delatados y detenidos por el Teniente 1° Carlos Naselli. Hasta el momento sus restos no han sido hallados.
Carlos Samojedny y Francisco Provenzano, que pasaron la noche del 23 escondidos entre las ruinas del cuartel, se rinden por la mañana del 24. En el lugar no hay jueces, atención médica ni cámaras. Samodejny y Provenzano todavía permanecen desaparecidos.
El miento
En horas del mediodia del 24 de enero, se hicieron presentes en el lugar el juez federal de Morón Gerardo Larrambebere y el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín. Este último recorrió el lugar, divisó los cuerpos calcinados y vio a los detenidos, aunque no tomó nota de sus nombres ni se entrevistó con ellos.
Como se dijo antes, Alfonsín, con intenciones de dar una señal de fortaleza a la opinión pública, asumió la dirección del operativo. Nunca se enteró y nunca dio cuenta de los delitos de lesa humanidad cometidos en su gobierno, de los cuatro desaparecidos y de las ocho ejecuciones sumarias, de las torturas que sufrieron los detenidos, del uso de armamento bélico y prohibido por la ONU contra población civil, del accionar de fuerzas paramilitares y del de las FF.AA en un conflicto interno, infringiendo la ley 23.554 de Defensa Nacional, sancionada por su propio gobierno un año antes.
Es decir, el así llamado «padre de la democracia» fue el primero en instrumentar desde el Estado lo peor de la brutalidad militar que había venido a reemplazar. Aparentemente, con la democracia se come, se educa, se cura y se mata.
Si bien las pruebas de los apremios ilegales y las desapariciones eran evidentes, poco se hizo para llegar a la verdad y sancionar a los culpables. Mucho de esto tiene que ver con el cambio de gobierno en 1989 y otra buena parte de la responsabilidad recae en el intrincado laberinto que une a la justicia con la política.
La investigación recayó desde un comienzo en el juzgado de Gerardo Larrambebere, quien delegó parte de la investigación en uno de sus secretarios letrados. Un joven funcionario judicial cuyo nombre todavía resuena en nuestros oídos: Natalio Alberto Nisman.
Nisman se avocó a investigar el destino de Díaz y Ruiz. Tomó declaración a todo el regimiento y concluyó que ambos se habían dado a la fuga y que no se podía continuar con la investigación de sus paraderos, ni de las torturas sufridas por sus compañeros, por carecer de «sustento fáctico suficiente». Con esas líneas que son la frontera entre la traición a la patria y la absolución, culminó la investigación.
Sin embargo, el frente externo parecía ser un poco más complejo. En 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancionó a la República Argentina por violaciones gravísimas a los derechos humanos de las personas relacionadas con el ataque al regimiento de La Tablada y si bien todos los militantes del MTP fueron indultados, ninguna autoridad política ni militar fue juzgada por las aberraciones cometidas.
Epílogo
Los términos de la reconciliación incondicional tan de moda por estos días, según las declaraciones de importantes figuras oficialistas, no incluyen la renuncia formal a la violencia terrorista que emana desde el Estado. Más bien, todo lo contrario. La reconciliación se sostiene sobre la base del uso discrecional de la fuerza estatal.
Poder que no es sólo patrimonio de unos militares sanguinarios, ni de unos gobernantes locos y ambiciosos. Hoy, Alfonsín es recordado como un pro-hombre de la vida institucional. Ruiz, Díaz, Provenzano y Samodejny son una estadística.
